Son días en que se discuten las condiciones laborales de los futbolistas, en que se plantean posibles recortes salariales y se debate sobre su legalidad. Pero ¿cuál es la realidad de la contratación de los jugadores de fútbol en Colombia?
Una investigación de la abogada Juliana Morad, profesora del departamento de derecho de la Universidad Javeriana, encontró que hay mucho por hacer en términos legales para darles a los jugadores garantías acordes con el trabajo que realizan, que es muy particular y requiere de articular esfuerzos de distinta índole.
En todo caso, tras muchas entrevistas y consultas jurídicas, queda en evidencia que no faltan leyes pero sí una aplicación más rigurosa: “En Colombia ya existe una regulación para el deporte, que en muchas ocasiones, se evidencia obsoleta e inoperante. Sin embargo, más allá de crear una nueva legislación laboral para el deporte, la ya existente debe ser mejorada, incluyendo en la misma, aspectos que influyan positivamente en el entorno laboral, del futbolista y de cualquier deportista colombiano, teniendo en cuenta la evolución laboral en el ámbito deportivo”.
El trabajo titulado ‘Situación laboral de futbolistas en Colombia: Análisis de suficiencia regulatoria en el Derecho Laboral Deportivo’ identifica las principales falencias, que resumió para FUTBOLRED en los siguientes cinco puntos:
1. La práctica más nociva de la contratación de futbolistas
Según la investigadora, una práctica nociva que por fortuna no es tan común pero se presenta todavía “sucede en equipos con condiciones informales en vínculos con los jugadores. Es decir, verdaderas relaciones laborales que a través de pacto de prestación de servicios, donde se expresa que no hay subordinación, se busca esconder una relación laboral cuando todo muestra que se configuran los elementos para un contrato de trabajo. Es ilegal”.
Alude a casos como la sentencia 24744 del 27 de julio 2005, que conoció el caso de César Harley Bermúdez contra Corpereira. Contra el mismo club, pero en 2018, demandó el jugador José Segundo Herrera Martínez.
Por fortuna según ella, “la realidad es que sí se ha ido avanzando en la formalización de los contratos, los equipos los han ido reconociendo y se ha mejorado, construyendo verdaderas relaciones de trabajo”.
2. El ‘esguince' de la publicidad
Una manera que encontraron muchos equipos, en acuerdo con muchos jugadores, fue escudarse en la publicidad para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales. Se firmaba un contrato con el objetor real de trabajo y otro de índole civil en el que se incluían esas obligaciones publicitarias.
“En un comienzo la Corte tenía una línea preponderante en las sentencias según la cual eran vínculos independientes, con distinto objeto, y no podía entenderse que los servicios de publicidad hicieran parte del contrato de trabajo. Actualmente la tesis fue revaluada y en la sentencia SL 2852 de 2018 se indica que la prestación de servicios de publicidad hacía parte de la relación laboral porque estaban esencialmente relacionados con la prestación para la que se contrató al futbolista, así que esos servicios no podían ser desligados y los pagos se constituían como pago salarial y tenían efectos en liquidación de prestaciones sociales.
3. La pensión, el sueño imposible del futbolista
Morad explica que la legislación colombiana tiene todavía mucho que avanzar para entender la naturaleza del trabajo del futbolista y brindarle la posibilidad que tienen todos los ciudadanos.
“El tema de pensiones en nuestro ordenamiento jurídico está atado a la prestación de servicios durante la vida laboral productiva. Tiene una normativa estándar para todas las labores, pero en el fútbol, según las entrevistas que hicimos, es un problema reiterado y es que la vida productiva del futbolista no es comparable con otro trabajador, es muy corta (hasta 35 o 40 años) y supone que será insuficiente para alcanzar el mínimo de capital necesario o número de semanas en el régimen de prima media. Por eso se frustra el derecho pensional o no llega a ser el monto deseado”.
Y en muchos casos es que, a la hora del retiro, la mayoría no tiene una alternativa: “Ellos se dedican al fútbol de manera exclusiva y no a otra ocupación, que no tendrían por qué hacerlo. El sistema, al establecer normas generales, afecta a los futbolistas y no son consecuentes con el nivel de vida que llevan”, explica la experta. Ahí es donde hace falta más trabajo, pues al comparar la situación con jugadores de las Liga de España o México, la cobertura por el trabajo que desempeñan es mucho más específico y, en consecuencia, más garantista.
4. Contratos en tiempos de pandemia
La discusión nacional que dan los equipos con sus jugadores en medio de la actual pandemia del coronavirus covid-19, es, para Morad, un reto excepcional también en término laborales.
“En emergencia el acuerdo debe suscribirse de manera libre, voluntaria, sin coacción, como cualquier relación laboral. El Ministerio del Trabajo lista las causales de suspensión y establece las condiciones y requisitos. Hay una frecuente que es la fuerza mayor, que imposibilita materialmente la prestación del servicio, y se enmarcaría en un hecho como el que estamos viviendo, (numeral primero código sustantivo). Pero requiere de un acuerdo, de avisar al Ministerio y de adecuarse al código sustantivo del trabajo”.
En su opinión, en Colombia hay situaciones en las que se evidencia la violación de derechos y es en realidad una oportunidad para revelarlos y darles una solución. “Siguen existiendo escenarios de clubes que no reconocen relaciones laborales mínimas, que se encubren relaciones con pretextos y eso requiere mayor vigilancia e inspección del estado, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Deporte.
5. Fútbol femenino, un territorio inexplorado
Aunque la abogada reconoce que su investigación no profundizó en los muchos vicios que existen en la firma de contratos de las jugadoras de fútbol en el país, sí lanza una alerta que hay que tener en cuenta para este momento, en que la Liga 2020 habita en el reino de la incertidumbre.
“Ameritaría una investigación adicional y debería involucrar una perspectiva de género. Habría que rastrear dónde están las brechas. Lo que se puede afirmar es que es perjudicial tratar de zanjar la discusión de que aquello que genera más ingresos debe ser protegido y lo que no pues no, pues llevaría a aceptar diferencias de géneros que no pueden ser aceptadas. Más aún cuando el ordenamiento otorga figuas jurídicas como ‘a trabajo igual, salario igual’.
