Pasó tanto tiempo que ya casi nadie recordaba que Atlético Nacional acudió a la tutela para hacer valer su posición sobre sus refuerzos, un caso que, meses después, podría tener una consecuencia trascendental para el fútbol colombiano.
Los hechos ocurrieron en julio de este año, cuando la Dimayor no permitió la inscripción de los delanteros Dorlan Pabón y Rugery Blanco, el defensor Felipe Aguilar y el volante Yeison Guzmán, alegando que sobre el equipo verde pesaba una sanción por el no pago de una deuda a Cortuluá, derivada del traspaso de Fernando Uribe. Eran 5 millones de dólares que el club antioqueño acabó pagando para solucionar ese lío de los jugadores y para no entrar en más discusiones legales, a pesar de haber contratado al exfiscal Néstor Humberto Martínez como su asesor y de haber amenazado con ir hasta las últimas instancias ante la justicia colombiana.
Pues ahora, con o sin la intención de hacerlo, ese caso ha llegado a una de las altas cortes y ahora podría revivirse el caso que se suponía cerrado.
La Corte Constitucional anunció que ha seleccionado para revisión esas tutelas de los futbolistas: "es el caso de futbolistas que iban a ser inscritos pero por sanción de la Dimayor no pudieron jugar durante un tiempo. Los criterios son la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental", dijo el magistrado Jorge Enrique Ibañez.
Vale decir que las tutelas de los futbolistas fueron declaradas improcedentes por la jueza segunda municipal de Rionegro, Mónica Patricia Valverde Solano, quien consideró responsable a Atlético Nacional de haberlos contratado con pleno conocimiento de que no podría inscribirlos hasta no solucionar el caso por el que fue sancionado en las instancias disciplinarias de la Dimayor.
Sin embargo, la Corte cree que todavía no se ha dicho la última palabra en esta caso y por eso lo selecciona para revisión, lo que pone en juego el futuro legal de los futbolistas que deciden acudir a la justicia ordinaria cuando ven vulnerados sus derechos y podría obligar a la discusión del propio reglamento disciplinario de la Dimayor, con todos los temores que eso implica ante los ojos de la FIFA, que suele castigar con desafiliaciones las intervenciones de los estados en su funcionamiento.
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