Paciencia. En este instante nadie se plantea siquiera la idea de una desafiliación de Atlético Nacional de la Dimayor, lo que le impediría disputar todos los torneos oficiales del fútbol colombianos. Esto apenas comienza.
Pero no significa que el riesgo no esté ahí, considerando que las últimas acciones del equipo, para evitar el pago de 5 millones de dólares a Cortuluá por el caso Fernando Uribe, están contenidas en el reglamento como meritorias para esa drástica sanción.
¿Qué dice exactamente la norma? "Los afiliados someterán sus diferencias, reclamos y en general toda controversia a la decisión de los órganos disciplinarios deportivos acatando y cumpliendo cabalmente sus decisiones. La violación a este precepto generará como sanción la desafiliación del organismo deportivo", reza el artículo 15 de los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).
Y el artículo 92 completa la pena: "las divisiones, ligas, clubes o miembros de clubes y ligas y en general todos los afiliados, no está autorizados a presentar ante los tribunales ordinarios los litigios que tengan contra la Federación o contra otros afiliados, comprometiéndose a someter cada uno de esos litigios a los tribunales deportivos competentes". ¿El castigo? El ya mencionado en el artículo 15.
Así las cosas, las condiciones parecen dadas. Pero de ahí a creer que Nacional puede ser desafiliado tras la 'tutelatón' que emprendió contra la Federación Colombiana (FCF), Dimayor y Cortuluá, y el respaldo a las acciones que a su vez interpusieron sus cinco refuerzos, hay un trecho largo, muy largo.
FUTBOLRED consultó fuentes en Dimayor, que fueron tajantes sobre si se están planteando esa posibilidad: "No, eso lo decide otra instancia", dijo un consultado. De hecho, sería la Comisión Disciplinaria de la FCF.
Sin embargo, no negó que la mayoría de presidentes recibió muy mal la actitud del equipo antioqueño de pasar por encima de las instancias previstas e ir a la justicia ordinaria, con tal de no respetar un fallo desfavorable: "es claro que no cumple con las reglas del juego", dijo la fuente.
Pero Nacional, según su último comunicado, no respeta esas instancias ahora que el fallo es adverso y exige que se resuelvan en la justicia ordinaria: "las Comisiones del Estatuto del Jugador de la Dimayor y de la FCF no son jueces de la República. Por ese motivo, no pueden dirimir diferencias contractuales entre sus afiliados ni condenar el pago de perjuicios de un club a otro, al tenor del artículo 11 del Decreto 1228 de 1995, el cual sólo les da funciones administrativas. No obstante, con grave desafío a la Constitución Nacional y a las leyes, el artículo 69 de los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol, indica que la Comisión del Estatuto del Jugador ejerce funciones jurisdiccionales”, dijo el club.
Llama la atención que hace solo unos días, el pasado 3 de julio, cuando esa misma instancia falló a su favor y condenó al Cali a pagarle US$400.000 por un pleito por Luis Fernando Mosquera, que se remonta al 2013, esas mismas autoridades que hoy cuestiona sí tuvieron validez. Pero claro, hay una distancia entre 400 mil dólares y 5 millones, que son lo que debería pagarle a Cortuluá por el caso Uribe... Y no es el único. De hecho, uno de los 'entutelados' decidió pedirle al juez que revise todos los casos en los que tuvo que ver el equipo antioqueño, los que ganó y los que perdió, para entender si finalmente reconoce o no la autoridad que hoy lo está juzgando.
Lo cierto es que Atlético Nacional alega que la única autoridad que reconoce como última instancia es el TAS (que lo condenó a pagar 150.000 dólares a Cortuluá) y que "la Comisión del Estatuto del Jugador de la FCF usurpa funciones judiciales y utiliza sus facultades para constreñir a Atlético Nacional al pago de lo no debido. Por si fuera poco, la FCF rompió la neutralidad que debe observar entre clubes al concurrir al TAS para controvertir su competencia antes de fallar a favor de Atlético Nacional”.
Es decir, no ahorra esfuerzos para deslegitimar las instancias previstas por la FCF y la Dimayor, que respetan todos los clubes por igual, y amenaza con crear un autentico terremoto institucional, que podría cambiar de manera radical la manera como en 70 años se ha manejado el fútbol en Colombia.
En Dimayor piden paciencia y creen que en algún punto habrá un acercamiento. Pero hoy las posiciones no podrían estar más alejadas y en ese trámite existen riesgos reales: que Nacional sea desafiliado, que la FCF sea excluida de la FIFA y que al final el fútbol colombiano en masa pague el precio del pleito Uribe. Lo que se espera es que no se llegue a esos extremos y que haya una negociación. Pero hoy son los abogados y ya no los presidentes los que están al mando. Y en esa pelea pueden perder todos.
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