Dimayor desmiente denuncia sobre cartelización en Liga Femenina

La representante a la Cámara de Bogotá, Catherine Juvinao, hizo una denuncia pública sobre una posible cartelización de la Liga Femenina y reveló que está siendo investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio, situación que generó un poco de disgusto a los directivos del fútbol colombiano.

Juvinao dio a conocer la Liga Femenina tendría topes de salarios de $4 millones máximo, contratos de 2 a 3 meses o ingresos por derechos de imagen y acusó a los  directivos de machistas porque vulneran derechos de las jugadoras.

Ante esta situación, el presidente Fernando Jaramillo se pronunció y en una entrevista con Caracol Radio, aseguró que en ningún momento han mencionado que el Gobierno no ha apoyado a la Liga, pues tienen un convenio firmado.

“Eso es falso totalmente. Ya tenemos un convenio firmado para esta Liga Femenina por 4.700 millones de pesos que le hemos agradecido mucho al Gobierno, porque gracias a ellos, la liga profesional de fútbol que estamos jugando ahorita la podemos desarrollar de debida manera por siete meses”, dijo Jaramillo.

De igual manera, el máximo directivo de la Dimayor, afirmó que devolvieron un dinero porque no lo iban a utilizar, pero también se refirió a la denuncia de Juvinao.

“Devolvimos el dinero, porque no teníamos en qué gastarlo y tenemos que demostrar por qué lo hicimos. Nosotros hemos venido trabajando el patrocinio durante los últimos cinco años y ha sido muy complejo. Catherine Juvinao menciona un caso, que me imagino cuál es, pero la que sí, se acercó es una empresa de comunicaciones, que nos dijo aquí hay un dinero, pero las condiciones son estas, condiciones que no aceptamos porque incluían condiciones laborales de los clubes que no podemos aceptar desde el punto de vista del salario mínimo”, referenció Jaramillo.

Por último, Fernando Jaramillo mencionó que constantemente han ido trabajando en la evolución del fútbol femenino en Colombia y los salarios no son fijos, pues van desde el mínimo, 10 y hasta 20 millones de pesos, así que considera injusto la investigación por la Superintendencia de Industria y Comercio.