Una gran preocupación se generó en los últimos días tras conocerse el avance de una investigación que afectaría al fútbol colombiano.
Se trata de un informe de la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia, que le recomendó a la Superintendencia de Comercio (SIC) la sanción contra clubes, presidentes y expresidentes de la Dimayor, entre ellos Jorge Enrique Vélez y Fernando Jaramillo, por la presunta existencia de un "pacto de caballeros" para no contratar a los jugadores que hayan reclamado por sus derechos y que hubieran acudido a vías legales contra sus antiguos empleadores.
El informe se refiere a casos puntales de los equipos Talento Dorado (Águilas Doradas), Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Pasto, Envigado, Tolima, Once Caldas, La Equidad, Fortaleza y Alianza FC, entre otros.
“Se habría obstaculizado intencionalmente la negociación de jugadores que actuaron en defensa de sus derechos”, aseguró la delegatura, que añadió que directivos como Jaramillo y el máximo accionista del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, habrían “colaborado, facilitado o tolerado” la conducta que afecta los derechos de los jugadores y la libre competencia.
La defensa de Dimayor
Antes esta situación, la Dimayor expidió un comunicado en el que da su versión de los hechos.
"La emisión del informe motivado es una etapa más dentro de un proceso extenso y complejo y no significa, en modo alguno, una sanción a los investigados dentro del trámite", dice el texto, en el que se califican las afirmaciones del reporte a la SIC como "malintencionadas".
"Expresamos nuestra profunda preocupación por la forma en que la Superintendencia para la Protección de la Competencia ha administrado este proceso desde su apertura en el año 2021. Hemos señalado diversas irregularidades y actuaciones que, a nuestro juicio, no se compadecen con las garantías procesales que deben primar en cualquier investigación administrativa", añade el texto.
Según la Dimayor, han dado todas las garantías para "promover el crecimiento y la sostenibilidad del fútbol profesional y, fundamentalmente, beneficiar a los jugadores", las cuales fueron inicialmente aceptadas, pero luego fueron "ilícitamente revocadas".
En su extensa defensa, la entidad asegura: "Es motivo de grave inquietud que, hasta la fecha, la SIC no haya resuelto problemas sustanciales y graves del trámite procesal. Los investigados aún no contamos con un acceso integral, completo y oportuno al expediente. De hecho, algunos de los investigados solo pudieron tener acceso parcial al expediente mucho tiempo después de haber vencido el plazo legal para la presentación de los descargos y la solicitud de pruebas, lo cual constituye una clara vulneración al derecho de defensa y al debido proceso".
Finalmente, Dimayor insiste en que "no se ha probado nada nuevo que sustente las acusaciones iniciales de un supuesto acuerdo" y que el citado informe ante la SIC "reconoce que solo hay un par de comunicaciones aisladas y no existe ningún elemento de juicio o prueba, que soporte la acusación de la SIC".
La entidad que agremia a los clubes profesionales lamentó que, según dijo, la SIC no evalúa todo el material probatorio aportado por ellos y además lamenta que se haya entregado a terceros copia del informe, con lo cual se ha hecho público, "exponiendo datos personales sensibles de las personas naturales investigadas, de testigos, y muchas otras personas ajenas a la investigación".
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